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I. La caracterización del contexto

México es un país de 119,938,473 habitantes[1], en el que 52.4 millones viven en situación de pobreza y 9.3 millones en pobreza extrema[2]. Está dividido en 32 estados y una federación, con sus propios poderes ejecutivos, legislativos, judiciales, instituciones autónomas de protección de derechos humanos y fiscalías. Cada uno de los estados cuenta con un código penal, y la investigación de los delitos como la tortura, la desaparición forzada y el asesinato es una responsabilidad compartida con el Gobierno Federal.

Desde hace más de 50 años, se han instrumentado diversas políticas de seguridad pública o nacional, en el curso de las cuales se han cometido atrocidades por funcionarios de esos tres niveles de gobierno. La deuda en materia de verdad, justicia y reparaciones en favor de miles o millones de víctimas y de la sociedad es inconmensurable. A ella se debe adicionar el deterioro cada vez mayor del funcionamiento de las entidades de procuración e impartición de justicia, el descontento de la ciudadanía, el incremento en los índices delictivos y la desconfianza de la sociedad en esas instituciones.

México no ha logrado reconciliarse con su pasado. Los crímenes atroces que se cometieron en los años sesenta siguen en la impunidad; particularmente aquellos consumados en el contexto de las protestas estudiantiles del 2 de octubre de 1968 y 10 de julio de 1971, los abusos cometidos durante los años 70s y 80s durante la época denominada ‘guerra sucia’ en contra de los movimientos sociales y políticos opositores principalmente de izquierda, los crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado Zapatista de enero de 1994 y los delitos perpetrados durante la campaña contrainsurgente de los años siguientes en varios estados de la República (Chiapas, Guerrero, Oaxaca)[3].

Menos aún se han resarcido a las víctimas de la llamada guerra contra las drogas que se remonta a los años sesenta y setenta con el Plan Canador (1966) y la Fuerza de Tarea Condor (1977), que se recrudece la situación de violencia a partir de diciembre de 2006 por el despliegue de miles de soldados y la declaración de guerra contra el narcotráfico por el entonces Presidente Felipe Calderón[4]. Esta política de seguridad continuó al menos hasta el 31 de noviembre de 2018, cuando Enrique Peña Nieto entregó la presidencia a Andrés Manuel López Obrador[5]. Sin duda las atrocidades que se cometieron en los dos sexenios anteriores han excedido en su extensión territorial, temporalidad y número de víctimas a las crisis de derechos anteriores[6].

Desde diciembre de 2006, tanto las fuerzas del Estado (ejército, marina, policías federal, estatales y municipales) como grupos de la delincuencia han torturado, desaparecido, asesinado, encarcelado, violado sexualmente y obligado a desplazarse a cientos de miles de personas[7]. Las autoridades han cometido esos ilícitos en el marco de las políticas de seguridad del Ejecutivo Federal para hacer frente a las organizaciones de la delincuencia organizada[8], mientras que los grupos criminales lo hacen como componente de sus políticas de infundir temor en la ciudadanía y controlar el territorio, con miras a garantizar sus negocios[9].

Por otro lado, la situación de violencia que atraviesa México desde diciembre de 2006 puede ser considerada como un conflicto armado de carácter no internacional[10], al satisfacerse los elementos que establece el derecho de la guerra: el nivel de organización de los grupos armados y la intensidad de los enfrentamientos entre esos grupos[11]. Ello implica que las fuerzas armadas mexicanas, al igual que un número considerable de organizaciones criminales reúnen el nivel de organización necesario para ser consideradas grupo armado, por ejemplo por su estructura de mando, la disciplina ejercida al interior, el control del territorio, el acceso a equipos y reclutas, la capacidad para sostener operaciones militares, entre otros. Además, los enfrentamientos entre las fuerzas armadas mexicanas con dichos grupos armados, o entre estos, es de intensidad suficiente teniendo en cuenta la duración de los mismos, el tipo de armas de alto calibre con los que se dispone y se utilizan, el número de muertos y heridos, las propiedades destruidas, los desplazamientos forzados producidos[12], entre otros.

II. La dimensión de las atrocidades recientes y de su impunidad

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas reportó que en el periodo que comprende del 15 de marzo de 1963 al 15 de agosto de 2020, 179,802 personas han desaparecido en México, de las cuales se desconoce la suerte o paradero de 74,467[13]. Es importante señalar que 61,255 de ellas, desaparecieron entre diciembre de 2006 y agosto de 2020. Asimismo, se tiene registro de la existencia de 3,631 fosas clandestinas (2006-2019) y tan solo en un año[14], se exhumaron 1,124 cuerpos de dichas fosas[15].

Los registros más actuales de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Desaparición de la Fiscalía General de la República, entre 2006 y 2019[16], indican que se recibieron 188 denuncias por desaparición forzada y 368 denuncias por desaparición por particulares. Las cuales se refieren a 2,072 víctimas[17]. Del total de indagatorias sólo 6 han sido consignadas-judicializadas[18], y se tiene conocimiento de la existencia de 27 sentencias a nivel federal, de las cuales sólo 13, es decir, menos de la mitad, son condenatorias[19]. A continuación se puede observar gráficamente el número de denuncias de los delitos de desaparición presentadas ante la Fiscalía General de la Nación en el periodo 2006-2019.

Figura 1

Investigaciones penales federales 2006-2019

Investigaciones penales federales 2006-2019
Fuente: Elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

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A nivel estatal existen un total de 11,150 averiguaciones previas y carpetas de investigación por desaparición forzada y desaparición por particulares. Siendo los estados de Colima (3,039), Guerrero (2,140), Tabasco (2,096) y Jalisco (1,643), los que más casos de desaparición concentran[20]. Por el delito de desaparición forzada hay 16 sentencias y por desaparición por particulares son 10 sentencias a nivel estatal[21].

En ese contexto, el Comité contra la Desaparición Forzada lamentó la situación imperante y calificó que las desapariciones se cometen de manera generalizada en partes del país, al mismo tiempo que externó preocupación por la impunidad, la revictimización, la falta de datos confiables, el escaso número de condenas, el alto número de cadáveres sin identificación y de fosas clandestinas sin atención adecuada, así como por los “obstáculos para la implementación de la participación efectiva de las víctimas y sus organizaciones, en particular en los mecanismos institucionales de búsqueda e investigación, y la existencia de obstáculos estructurales para el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral”[22].

El Comité de Derechos Humanos, por su parte, señaló que

Si bien la creación de comisiones de búsqueda y fiscalías especiales para la investigación del delito de desaparición forzada significan avances positivos, al Comité le preocupa la alarmante impunidad de los casos denunciados, incluyendo aquellos en donde se alega la colusión entre grupos delictivos y las fuerzas del orden, y la cantidad de cuerpos de personas fallecidas que están aún a la espera de identificación[23].

En ese mismo sentido dicho Comité contra la Desaparición Forzada

toma nota de la creación de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el año 2015, la cual fue reemplazada en febrero de 2018 por la nueva Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada. Asimismo, el Comité toma nota de la adopción del Protocolo Homologado de Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada. Sin embargo, el Comité observa serias deficiencias en las investigaciones de los delitos de desaparición forzada, incluidas la falta de autonomía de las investigaciones, la dilación en la ejecución de diligencias básicas, la ausencia de investigaciones de campo, la falta de medios de prueba de base científica, la fragmentación de las investigaciones y la ausencia generalizada de una estrategia integral para la investigación, el seguimiento de hipótesis de investigación sin fundamento y basadas en prejuicios y estereotipos sobre las personas desaparecidas, el descarte automático de casos de desaparición forzada de carácter temporal, así como la falta de garantías que excluyan la tortura y malos tratos de sospechosos en la obtención de medios de prueba. El Comité observa con profunda preocupación que dichas deficiencias contribuyen a la impunidad imperante en el Estado parte que se ilustra con el número exiguo de acusaciones y sentencias existentes frente al gran número de personas desaparecidas[24].

Por lo que se refiere a la tortura, a nivel federal, la Fiscalía General de la República (FGR), reportó haber iniciado 13,560 investigaciones penales por dicho delito entre 2006 y 2019. De este número de investigaciones, sólo 30 averiguaciones previas han sido consignadas, es decir, el 0.22%[25]. De 2006 a 2019, se dictaron 27 sentencias por tortura a nivel federal, de las cuales 18 fueron condenatorias y 9 absolutorias[26]. A nivel estatal, las cifras suman 21,360 investigaciones penales iniciadas por este delito de 2006 a 2019, según los reportes de 27 de las 32 entidades del país[27]. De acuerdo a tribunales estatales existen 16 sentencias por tortura dictadas entre 2006 y 2019[28]. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas expresó “su preocupación por las graves deficiencias que presenta la investigación de actos de tortura y malos tratos en México, así como por la persistencia de altos niveles de impunidad asociada a este tipo de delitos”[29].

El año 2019 registró la cifra más alta de homicidios dolosos en décadas, con más de 29 mil, la más alta desde que comenzaron a llevarse registros en 1997[30]. El total de homicidios violentos que se registraron de 2006 a 2019 es de más de 276 mil; de esos, al menos el 58% fueron cometidos con armas de fuego.

La siguiente gráfica muestra los homicidios dolosos por año cometidos en México en el que se registraron.

Figura 2

Homicidios en México (2006-2019)

Homicidios en México (2006-2019)
Fuente: Elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos a partir de cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

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A nivel federal, de 2006 a 2019 se han iniciado 104 averiguaciones previas (investigaciones penales) por el delito de homicidio cometido por servidor público[31]. Respecto a estas investigaciones, la FGR reportó haber indiciado a 88 servidores públicos, y consignado a otros 27[32]. Respecto al delito de homicidio cometido por servidor público, se cuenta con un registro de 48 sentencias condenatorias y 18 absolutorias[33]. Por su parte, 21 de las 32 Fiscalías de los estados de la República reportaron que, de 2006 a 2019, se iniciaron un total de 709 investigaciones penales (averiguaciones previas y carpetas de investigación) por el delito de homicidio doloso cometido por servidor público[34].

Incluso el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares expresó

su profunda preocupación por las graves irregularidades en las investigaciones para identificar a los responsables y las víctimas de las masacres en los estados de Tamaulipas y Nuevo León entre 2010 y 2012, por las que no hay personas sancionadas, por el impacto extremamente grave de la desaparición forzada de personas en los migrantes y mexicanos en tránsito y por los altos niveles de violencia de género, especialmente en la frontera sur. Al Comité le preocupan mucho las alegaciones sobre la participación de autoridades públicas, particularmente policías federales, estatales y municipales, la alta impunidad que suele afectar a estos crímenes y los bajos niveles de denuncias. Asimismo, expresa su preocupación por los obstáculos que enfrentan los sobrevivientes de esos crímenes para la regularización por razones humanitarias[35].

El Comité de Derechos Humanos, externó su preocupación por la

recurrente impunidad de los agentes del orden en relación con la comisión de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura. En este sentido, el Comité nota con preocupación graves insuficiencias presentadas en las investigaciones y enjuiciamientos de graves violaciones de derechos humanos, particularmente la falta de asignación de los recursos necesarios a los responsables de la investigación; la falta de autonomía, independencia, imparcialidad y celeridad en la realización de los trámites de investigación; la falta de fiscalías o unidades especializadas en delitos ligados a graves y recurrentes violaciones a los derechos humanos en el Estado parte; la reducida capacitación de los servidores públicos a cargo de las investigaciones; la falta de autonomía e independencia de los peritos a cargo de investigaciones; y el numero exiguo de persecuciones y condenas. El Comité está igualmente preocupado por denuncias de intimidación y violencia en contra de las víctimas o sus familiares cuando denuncian casos de violaciones graves de derechos humanos. Entre los innumerables casos de graves violaciones de derechos humanos que quedan en la impunidad, el Comité hace referencia al emblemático caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014 y lamenta que, pese a la gravedad del caso, las recomendaciones de diversos organismos internacionales de protección de derechos humanos y las medidas adoptadas, el Estado parte no ha esclarecido el paradero de los estudiantes, sancionado a los responsables y reparado de manera integral a las víctimas[36].

Por el enorme número de abusos que han sido cometidos por servidores públicos acreditados por las comisiones públicas de derechos humanos o mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, por la forma similar en la que los mismos han sido perpetrados, debido que las instituciones involucradas cometen en reiteradas ocasiones esas atrocidades, por la enorme cantidad de recursos públicos dispuestos para su comisión, por la manera casi idéntica en la que se ha respondido a la prensa y opinión pública sobre la actuación de las autoridades[37], así como por la ausencia de investigaciones adecuadas y efectivas por las fiscalías del país en este tipo de delitos, solamente es plausible concluir que no se trata de casos aislados, sino que por el contrario se han cometido crímenes atroces como parte de una misma política de seguridad.

De la misma forma, organizaciones criminales o grupos armados no estatales han cometido bajo un mismo modo de operación abusos similares en el marco de sus propias políticas para infligir temor en la población con miras a controlar el territorio, con lo cual pueden gestionar negocios como tráfico de drogas, de personas o extorsión, entre otros. En ocasiones los crímenes atroces han sido cometidos con el apoyo, autorización o tolerancia de autoridades de diferentes niveles de gobierno[38]. Las víctimas en muchas ocasiones se trata de personas que no participan directamente en las hostilidades, incluidos integrantes de la población o quienes depusieron las armas, personas puestas fuera de combate por detención o herida. Esos delitos, por haber sido cometido en el contexto de un conflicto armado, también pueden calificarse como crímenes de guerra (homicidio, tortura, ultrajes contra la dignidad, violación, violencia sexual, matar a traición a combatiente adversario, entre otros)[39].

Hablar de la existencia de un conflicto armado de carácter no internacional en México, además de ayudar a fincar responsabilidad penal por los excesos en el uso de la fuerza, someter a un régimen de derecho, incluyendo al ejército y la marina – y demás fuerzas de seguridad que participan en enfrentamientos – , permitiría una acción humanitaria de organismos internacionales más eficaz a favor de las víctimas del conflicto, por ejemplo de los desplazados internos que están en el absoluto desamparo.

Por todo lo anterior, podemos afirmar que en México, entre diciembre de 2006 y diciembre de 2018, se han cometido crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra tanto por agentes del Estado como por organizaciones criminales[40]. Denominar los abusos de esa manera además ofrece una oportunidad para exigir respuestas de las autoridades a gran escala en materia de verdad, justicia y reparaciones, es decir el establecimiento de una política de justicia transicional efectiva.

Además de los contextos aludidos que toleran, fomentan o contemplan la comisión de atrocidades a gran escala en contra de la población civil (política de seguridad, políticas de organizaciones criminales y existencia de conflicto armado de carácter no internacional), la impunidad, es la forma por excelencia en que se alienta la repetición de esos crímenes.

Como se mencionó anteriormente son muy pocos los casos de tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial que se investigan, mucho menos los que han llegado a juicio. El número de sentencias condenatorias respecto del universo de crímenes es lamentable.

Resulta alarmante el hecho de que las procuradurías o fiscalías del país no puedan y no quieren hacer investigaciones que apunten identificar, procesar, juzgar y sancionar a quienes cometen los crímenes, menos aún contra los más altos responsables. En los pocos casos que se han juzgado a funcionarios menores es difícil acceder a las sentencias emitidas por el poder judicial, ya que prevalece la idea de que no se dan a conocer para no violar los datos personales de las partes en el proceso.

Salvo en los casos en los que el sistema ombudsman pudo lograr esclarecer hechos atribuibles a diversas autoridades, en la gran mayoría de los casos no se tiene claridad de quien fue responsable (si los crímenes fueron cometidos por individuos u organizaciones), se desconoce el lugar o los lugares donde se cometieron los delitos (pueden detener arbitrariamente en un lugar a una persona, trasladarla a otro estado donde es torturada, llevarla a otra donde es inhumada clandestinamente y negar la información sobre la suerte y paradero en otro estado) y ello da como resultado que las fiscalías no investigan, por razones competenciales o de jurisdicción.

Por otro lado, la participación de militares en tareas de seguridad ha sido una constante de las tres últimas administraciones, es decir los presidentes Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador[41]. La actual administración adoptó medidas que han causado gran desconfianza en la mayor parte de las organizaciones de la sociedad civil, lo que además genera dudas sobre su capacidad y voluntad para realmente hacer frente a la impunidad de todas las atrocidades cometidas. Por ejemplo, el hecho que este Gobierno logró lo que no se atrevieron los anteriores, una reforma constitucional que crea una guardia nacional, una nueva fuerza policial con mando principalmente militar, integrada por policías federales, militares y navales, y que además autoriza la participación de militares en tarea de seguridad pública por 5 años. El Presidente de México desplegó a miles de integrantes de esa guardia nacional, así como miembros del ejército, para controlar la migración irregular, y ha empleado a las fuerzas armadas (ejército y marina) de manera frecuente para diferentes tareas que no les corresponden, por ejemplo, en la política de drogas con la destrucción de plantíos, en la distribución de hidrocarburos y libros de texto, la construcción de aeropuertos, la contención del sargazo (alga) en el caribe mexicano, la administración de las capitanías de puertos, su participación en la política de adicciones, entre otros.

Lo anterior es otro de los factores que fomenta la impunidad, ya que la seguridad pública cada día depende más de las fuerzas armadas, y entre las atribuciones que se les confieren están las que les corresponden a las policías, es decir la de prevenir e investigar delitos. Además, las autoridades responsables de acusar a los responsables de delitos contra los derechos humanos normalmente no investigan a los integrantes de las fuerzas armadas, incluso en los casos en los que tribunales internacionales lo han ordenado[42]. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en ese sentido

observa con preocupación el rol otorgado a las fuerzas militares para las tareas de seguridad pública en la mayoría del territorio del Estado parte, la creciente militarización de las autoridades civiles encargadas de hacer cumplir la ley y el impacto que esta tendencia podría tener en el aumento de la desaparición forzada y en la impunidad[43].

III. La justicia transicional como herramienta

El 1º de diciembre de 2018 Andrés Manuel López Obrador, inició su mandato por 6 años como Presidente de la República. Durante su campaña electoral prometió que abatiría la corrupción, habría un cambio en la política de drogas, retiraría a los militares de las tareas de seguridad pública y los retornaría a sus funciones constitucionales, llevaría a cabo una reforma en la política social para garantizar los derechos al trabajo y a la educación de los jóvenes, e implementaría una política de justicia transicional para hacer frente a las injusticias de las pasadas administraciones, incluidas las violaciones a derechos humanos. Por ejemplo el 8 de mayo de 2018 en el Museo Memoria y Tolerancia el candidato López Obrador participó en los Diálogos por la Paz y la Justicia y ahí se comprometió, de ganar la elección, a trabajar en propuestas para combatir la impunidad. En septiembre de ese mismo año, se celebraron los Segundos Diálogo por la Paz, la Verdad y la Justicia en donde el presidente electo encomendó a la Secretaría de Gobernación organizar con víctimas, académicos, expertos y organizaciones de la sociedad civil, mesas de trabajo para construir una política de verdad, justicia, reparaciones y participación ciudadana. De esas mesas, que no contaron con mayor participación de funcionarios públicos, se hicieron propuestas concretas para crear un mecanismo internacional para combatir la impunidad, una comisión de la verdad y la memoria histórica, un modelo de reparación extraordinario, y unos mecanismos de participación de víctimas en el proceso[44].

Sin embargo, esa promesa, conforme pasa el tiempo, no parece que vaya a ser cumplida, tal como sucedió en su momento con Vicente Fox quien ofreció el establecimiento de una comisión de la verdad, lo cual no sucedió. Por el contrario, la política de justicia transicional adoptada fue un fracaso: se creó una fiscalía especializada para investigar los crímenes de la guerra sucia y producir un informe con la verdad de lo ocurrido. A ese respecto, no hubo acusaciones serias que resultaran en procesamientos y sanciones apropiadas. Además, el informe que pretendía colmar los reclamos de verdad, fue preparado por personal de la propia Procuraduría, es de muy mala calidad, no se construyó con metodologías participativas de las víctimas y la sociedad, además el propio gobierno lo desconoció y escondió en los archivos de la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República. Se creó además un grupo de trabajo para diseñar una política de reparación administrativa que nunca entregó resultados. Esta experiencia nos deja un aprendizaje; la justicia de transición no se puede implementar en México con las instituciones existentes, con el mismo perfil de funcionarios y con las mismas herramientas con las que se cuentan para investigar los crímenes y reparar a las víctimas[45].

Los anuncios relativos a la creación de una comisión gubernamental para apoyar en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Superior Isidro Burgos en Ayotzinapa Guerrero[46], las disculpas públicas de la Secretaría de Gobernación en diversas ocasiones por abusos cometidos por las fuerzas armadas (sin participación de sus integrantes) y la promesa de dotar de recursos para la búsqueda de personas desaparecidos a través de las comisiones nacional y locales, son pasos en la dirección correcta, que no constituyen una política pública. Lo anterior es posible afirmarlo debido al trato selectivo que se le da a los temas y casos. El resto de las víctimas de abusos y crímenes de los diferentes abusos cometidos, no sabrían cuál es el camino que hay que tomar para lograr investigaciones sólidas o la creación de una comisión gubernamental que apoye en la investigación de su caso, ni cómo se puede lograr que la Secretaría de Gobernación ofrezca disculpas públicas por los abusos cometidos, o cómo se solicita a las comisiones de búsqueda que inicien trabajos para dar con la suerte o paradero de sus seres queridos, ni mucho menos cómo lograr una reparación integral. Solo podremos valorar las políticas, una vez que estén claramente definidos sus objetivos, estrategias, acciones en programas administrativos[47] y una vez que las mismas empiecen a arrojar sus primeros resultados medibles en beneficio de las víctimas y la sociedad en su conjunto. Es materialmente imposible que las mismas entidades, sin que se hayan depurado de aquellos funcionarios que cometieron abusos en el paso, con la misma cultura institucional, pero ahora con menos recursos por las políticas de austeridad, puedan ofrecer resultados distintos.

Ante esta realidad, un grupo diverso de organizaciones de la sociedad civil, académicos, víctimas de la violencia y de violaciones a derechos humanos, entre otros, impulsaron el establecimiento de una seria de medidas para hacer frente a la impunidad. Propusieron la creación de una comisión de verdad, que serviría para comprender la dimensión de los diferentes tipos de violencia que se viven en el país[48]. Además podría ayudar a identificar patrones criminales que permitiría llevar a juicio a los responsables. Su competencia no deberá estar limitada por el régimen federal[49], es decir se le habilitará para hacer investigaciones y tomar testimonios de víctimas y perpetradores en todo el territorio nacional, para identificar los impactos regionales de la violencia en las víctimas[50].

Por otro lado, la Fiscalía General de la República tradicionalmente se encabeza por personas estrechamente vinculadas al Ejecutivo Federal en turno, lo cual ha dado como resultado la ausencia de investigaciones de los delitos atribuibles a los funcionarios que actúan indebidamente bajo la administración en turno. Adicionalmente, como hemos visto, la Fiscalía General no ha demostrado tener voluntad para investigar y acusar a los responsables de haber cometido crímenes atroces, y en los muy pocos casos en que ello sucede se concentra en los responsables materiales, dejando a un lado (para otra investigación) al resto de las personas que participan en el evento. Tampoco hace investigaciones sobre eventos similares que son atribuibles a funcionarios de las mismas instituciones por periodos de tiempo determinados, bajo una misma estructura de mando en el desahogo de una misma política, o bien una misma orden general o particular de operaciones. Dicha Fiscalía, en muchas ocasiones trata de desentenderse de casos dejando que procuradurías o fiscalías locales se encarguen de las investigaciones y rara vez ejerce la facultad de atracción, a pesar de contar con esa atribución en las leyes. Por todo lo anterior, se hace necesario que México cuente con una Fiscalía General de la República independiente e imparcial con competencias primaria y exclusiva para conocer de los crímenes atroces que se hubieran cometido en cualquier parte del país por cualquier autoridad. Asimismo, debe de contar con eficaces unidades de análisis que investiguen fenómenos delictivos o patrones criminales, con miras a llevar a juicio a quienes encabezan e integran las estructuras delictivas.

Ante la falta de experiencia para investigar crímenes de sistema, atrocidades cometidas desde las estructuras de poder político y económico, en donde se involucran un número amplio de servidores públicos y particulares, se ha propuesto el establecimiento, bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas, de un mecanismo de asistencia o cooperación técnica en materia de combate a la impunidad que pueda hacer investigaciones al lado de la fiscalía del país sobre crímenes como tortura, desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales y delitos de corrupción asociados a ellos, y que coadyuve, en la formulación de las acusaciones penales. La experiencia de la Comisión Internacional para Combatir la Impunidad en Guatemala es una fuente de inspiración en ese sentido.

Creemos que la política de justicia de transición debe tener en cuenta que el régimen federal es un problema que fragmenta la verdad, puede generar territorios de impunidad, disparidad en el respeto y garantía de los derechos de las víctimas, impulsar procesos de justicia selectiva en atención a criterios políticos. La ausencia de rendición de cuentas nuevamente puede generar responsabilidad internacional del Estado y la potencial activación de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Ambos tipos de jurisdicciones mencionadas no tendrían capacidad para investigar, procesar y sancionar a todas las personas involucradas en los miles de delitos atroces cometidos al amparo de la política de seguridad, por lo que México debe asegurar la justicia para las víctimas y que esos delitos no se vuelvan a cometer. Por ello, tanto la comisión de la verdad como el mecanismo para combatir la impunidad tendrían que conocer de los crímenes atroces cometidos en todo el territorio nacional. En consecuencia, las fiscalías de los estados deberían de dejar de tener atribuciones para conocer de delitos de tortura, desaparición forzada y asesinato cometido por servidor público en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas (ejecución extrajudicial).

De la misma forma, se ha propuesto la creación de un programa administrativo de reparaciones que permita acceder a fondos de indemnización ágiles y que partan de premisas de buena fe a las víctimas, ya que la estructura actual las obliga a contar con una sentencia de un tribunal nacional o internacional, una resolución de un órgano creado por un tratado internacional o bien una recomendación del sistema ombudsman. Ese programa se encargará de las reparaciones monetarias o equivalentes, así como de medidas de satisfacción distintas al acceso a la justicia, en tanto que las garantías de no repetición se verán reflejadas en las recomendaciones que la comisión de la verdad pueda efectuar.

Por último, desde 2011 diversas organizaciones y personas han enviado comunicaciones a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que ejerza sus atribuciones de investigación de oficio de los crímenes de lesa humanidad y guerra que se han cometido en México a partir de diciembre de 2006. Sería recomendable que dicha Fiscalía anuncie cuanto antes la apertura de un examen preliminar, ya que ello podría despertar el interés, así como la voluntad de la Fiscalía General de la República de investigar y acusar a los responsables de las atrocidades aludidas.

En síntesis, solamente una política integral de verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición, que incorpore elementos institucionales y procedimentales nacionales e internacionales como los propuestos (Fiscalía General independiente con atribuciones, mecanismo internacional anti impunidad, comisión nacional de la verdad, programa administrativo de reparaciones y jurisdicción de la Corte Penal Internacional) podrían asegurar que los derechos de miles de víctimas empiecen a garantizarse en México.